Lo legal y lo decente

Decía el concejal socialista José Ramón Morro, defensor de Chus Sanjuán y de la lideresa Mayte Pérez, que esta última había renunciado a los “1000 euros mensuales que le corresponden”. Y de esto voy a hablar aquí, de la manipulación mediante el lenguaje, del lenguaje malintencionado. Decir que a la señora Pérez le corresponden o le pertenecen esos mil euros es un claro ejemplo de esa manipulación. En ningún momento en mi crítica dije que no le correspondieran. Ya se encargan los políticos de recoger en leyes, reglamentos y votar por unanimidad sus salarios y sus dietas. Si esas dietas de 1000 euros no le correspondieran, en lugar de palabras como indecente o vergonzoso, la hubiera llamado directamente ladrona.  Es lo mismo que a esos directivos de bancos y de las cajas, más de uno y de dos y de tres socialistas obreros españoles, que han llevado a esas cajas y a esos bancos a la situación de tener que ser rescatados con dinero público, y sin embargo han percibido,  los directivos, un bonus astronómico. Tampoco se les puede llamar ladrones porque según figuraba en los acuerdos que ellos mismos redactaban y votaban, ese bonus les correspondía. El señor Morro no sabe distinguir entre la legalidad, la justicia y la decencia. O no le interesa. Hace cinco años,  le escribí una carta a don Manuel Pizarro en el Diario de Teruel. Al salir de Endesa para dedicarse a la política percibió una indemnización de la que  yo dije, y perdonen que me autocite, que “podrá ser legal pero es indecente e injusta”. Recuerdo cómo  muchos conmilitones del señor Morro del PSOE en Teruel me felicitaron efusivamente. Los mismos que ahora me ven y no me dicen ni mu.  Y todo porque les parecía bien que llamara indecente a gente del PP pero no les parecía tan bien que hiciera lo mismo con el partido de los ciento y pico años de historia. El señor Morro, al igual que su lideresa Mayte, llevan muchos años, demasiados, viviendo estupendamente del dinero del erario, recibiendo unos salarios y unas dietas desproporcionados. Los políticos admiten las críticas que les hacen otros políticos porque todos forman parte del mismo circo y cobran del mismo patrón, el Estado. Pero no toleran que un ciudadano como yo, que no forma parte de la casta, pueda opinar. Lo consideran intrusismo profesional. La obligación de los ciudadanos, según los miembros de la casta, es votarles y después quedarse calladitos. A don José Ramón le parece bien que  se les  vote aunque no se les conozca, pero no que se les critique sin conocerles.  Así pueden seguir otra legislatura más disfrutando de las dietas, los salarios y las mamandurrias.

Evaristo Torres Olivas