Igualdad ante la ley

Durante estos meses de estado de alarma han pasado muchas cosas. La peor, la muerte de miles de personas. Pero también han ocurrido otras muchas que nos han revuelto el estómago y nos hacen desconfiar de nuestro país y de nuestros dirigentes. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, el rey emérito, el que a muchos les parecía campechano, el que cuando era jefe de Estado era inviolable. El cazador de elefantes, el de “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Pues durante estos meses, ha vuelto a ocurrir: se ha destapado un escándalo de cobro de comisiones, de cuentas en paraísos fiscales y de otros turbios negocios en los que el rey emérito ha sido, presuntamente, protagonista. Una vergüenza. También es una vergüenza que mientras muchos españoles tienen dificultades para pagar el alquiler, a la presidenta de Madrid, Ayuso, del PP, al expresidente de Ciudadanos y ex aspirante a presidente del Gobierno, Rivera, de Ciudadanos, Kike Sarasola, muy amigo de otro expresidente, del PSOE, Felipe González, les ofrecía apartamentos de varios cientos de metros, gratis total o al mismo precio que me cobran a mí por una habitación de 10 metros cuadrados en un hostal cuando voy a Madrid. Nos hemos enterado, además, de que mientras otros muchos miles de ciudadanos perdían su trabajo, a Montilla y Blanco, dos exministros del PSOE cuyo historial académico y logros profesionales se pueden resumir en tres líneas y sobran dos y media, han sido fichados por Enagás por un mísero sueldo de 160 000 euros anuales. Lo que nos hace pensar que no les faltaba razón a quienes decían que PP, PSOE y otros partidos, la misma…es. Y todo esto en un país en el que el artículo 14 de la Constitución dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Con lo cual, mañana, todos los ciudadanos deberíamos abrirnos una cuenta en Panamá, exigir nuestras comisiones al Estado, obligar a Sarasola a que nos deje apartamentos de trescientos metros cuadrados sin pagar alquiler y presentarnos en las oficinas de empleo a reclamar nuestro puesto de trabajo de 160 000 euros. Porque lo dice la Constitución. En su artículo 14.

Evaristo Torres Olivas