“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto
es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio
y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas
pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo,
lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar sal
en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa,
que del lado bueno se encarga la oficina de prensa”
-Horacio Verbitsky,
periodista y escritor argentino

viernes, 24 de enero de 2014

Rebelión en la granja

No voy a hablar de la novela  de George Orwell, Rebelión en la granja, sino de otra historia en la que también los protagonistas son los cerdos, sus perniles y paletillas. Me refiero al berenjenal en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen  Protegida Jamón de Teruel. Un consejo regulador es una  Corporación de Derecho Público. Tiene una dimensión privada de defensa de los intereses de, en el caso que nos concierne, ganaderos y empresarios del jamón y otra pública, actuando por delegación de la Administración en la gestión y tutela de una marca, el jamón de Teruel. Es decir, que hay dinero público de por medio. Y donde hay dinero público hay políticos hozando y cuentas poco claras.

Lo que leemos estos días en los periódicos aragoneses da para un culebrón de muchos capítulos. Hay buenos, malos, madres ofendidas, mentiras, manipulaciones, y un ambiente irrespirable por el  olor a mierda de gorrino.

El exdirector gerente del Consejo, Fernando Guillén, podría ser el protagonista del culebrón. Cobraba un pastón por hacer no se sabe bien qué. Bueno sí, algo sabemos: el día 9 de enero publicaba un artículo de opinión en el Diario de Teruel y nos contaba que uno de sus logros fue cuando “con gran ilusión un grupo de turolenses invocamos al Apóstol Santiago pidiéndole protección para este gran sector, mientras el botafumeiro pasaba por encima de un jamón de Teruel ante una basílica repleta de fieles”. Se me llenan los ojos de lágrimas escribiendo lo anterior; pero no de emoción sino de descojono al imaginarme la escena berlangiana del botafumeiro y el pernil.   

El otro personaje importante es el actual presidente del Consejo, Eugenio García, que ha dicho que Guillén tenía un salario de 82.000 euros, “superior al del presidente del Gobierno”, dos tarjetas con más de 35.000 euros, y un modelo familiar como coche de empresa.  Además le acusa de haberse hecho un autopréstamo y otras irregularidades. Guillén lo desmiente todo y acusa a García de haberle hecho mobbing. La madre de García, desde Alcorisa,  escribe una carta al Diario de Teruel en la que defiende la honradez e integridad de su hijo. Y el hijo, para rematar la faena, pide la dimisión de la presidenta de la Diputación, Carmen Pobo y del consejero de Agricultura,  Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón.

Como ven, se dan todos los ingredientes para una buena serie ambientada en Teruel y emitida por la Televisión de Aragón. Me gustaría que la dirigiera José Miguel Iranzo, que además de ser de mi pueblo, es un buen director.
Evaristo Torres Olivas

2 comentarios:

Anónimo dijo...

El Gobierno de Aragón está dispuesto a disolver el consejo, democráticamente elegido, y nombrar una gestora. Eso suena a Tejerazo.
Si no ha habido irregularidades, ¿por qué se oponen a que se realice una auditoría? ¿Qué temen?

Anónimo dijo...

Estatutos del CRDO Jamón de Teruel.
Artículo 4.
3. El vocal suplente pasará a ser vocal titular en caso de producirse vacante por dimisión, cese u otra causa. De no haberse nombrado o no existir suplente, o no pertenecer en ese momento al correspondiente censo, le sustituirá el siguiente candidato más votado que perte¬nezca al mismo censo que el vocal al que debe suplir.
La DGA se quiere saltarse los Estatutos y disolver el Consejo, algo muy propio de las repúblicas bananeras.

Si interesa el tema, leer BOA:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=339835454343

Los actuales responsables están actuando bajo toda legalidad, ¿por qué el Gobierno se Aragón se los quiere cargar?